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l río Coco le quedan unos diez años de vida si no se toman las medidas para salvarlo, han advertido ambientalistas nicaragüenses. El despale a lo largo y ancho de su cuenca y la extracción de agua para riego de sembradíos son algunas de las causas de su sequía.

El río Coco, también conocido como Segovia yWangki, fluye por el sureste de Honduras y el noreste de Nicaragua. Es el más extenso de Centroamérica, con una longitud de 680 kilómetros y una cuenca de 24,767 kilómetros cuadrados.

Se forma de la confluencia del río Comalí, en la localidad hondureña de San Marcos de Colón, y el Tapacalí, en el municipio de San José de Cusmapa, departamento de Madriz, en Nicaragua.

Para constatar la situación actual del Coco, un equipo periodístico recorrió parte de la ribera del río Tapacalí, uno de sus nacientes, y de otros afluentes en la cordillera de Dipilto y Jalapa. El panorama es aterrador. El despale se percibe a simple vista y los motores succionan el agua del río para regar plantíos de tabaco, café y hortalizas.

En Nueva Segovia, particularmente en Jalapa, las quebradas y los riachuelos que alimentan al río Coco languidecen poco a poco, y ya parecen viejos caminos arenosos y empedrados.

El Grupo Ambientalista Mogotón ha denunciado que, en lugar de atender esta problemática, las autoridades nicaragüenses han facilitado el despale al suspender la veda y dar paso a planes de manejo forestal para el aprovechamiento de los pinares.

Ya en mayo de 2019, Agustín Moreira, del Observatorio deFenómenos Naturales (Ofena), señalaba que el 90 por ciento de la ribera del río Coco estaba destruida y solo fluía el 10 por ciento del caudal. Ese mismo año Jaime Incer Barquero, científico y ambientalista nicaragüense, denunció que las quemas, el despale y la destrucción de los pinares en Nueva Segovia y Madriz estaban provocando la sequía del río.

En 2021 la situación ha empeorado. Algunos afluentes del Coco parecen cauces recubiertos de hojarasca seca, piedras y arena, pese a que hace seis meses hubo una recarga tras el paso de los huracanes Eta y Iota.

El nacimiento del río Tapacalí, que recorre los municipios de Somoto, San Lucas, Las Sabanas y San José de Cusmapa hasta su confluencia con el Comalí, cada vez se ubica más río abajo. Cerro arriba va quedando un cauce de arena y enormes rocas.

metros, pero es un hilito que hay de agua”, sostiene.

Otro problema, agrega, es la sedimentación en el río Coco, algo que ocurre en el sector de la comunidad San Antonio, en Mozonte. “A una semana de haber pasado el huracán Iota, el río ya no tenía agua porque se ha sedimentado tanto, le ha caído tanta tierra, tanta materia orgánica, que el río ya no corre por encima, probablemente se infiltra”.

comunidades. El despale está a simple vista, al punto de que se percibe como algo “normal”.

“El corte de pino es un trabajo normal. Cada uno tiene que trabajar y pasar su vida”, opina Aguilar. Ella cree que el despale no le afecta, aunque con el tiempo ha observado que la quebrada se ha achicado.

La quebrada de Macaralí desemboca en el río Poteca, que a su vez es afluente del Coco. El despale está a menos de cien metros de la quebrada, pese a que el artículo 96 de la Ley 620, Ley General de Aguas Nacionales, prohíbe “la tala o corte de árboles o plantas de cualquier especie, que se encuentren dentro de un área de doscientos metros a partir de las riberas de los ríos, costas de lagos y lagunas a fin de proteger el recurso hídrico existente”.

Además, se establecen hasta cinco años de prisión para quien incurra en este delito ambiental. Pero en Macaralí esta y otras leyes son papel mojado.

Los camionescargados conmadera en rollo circulan libremente por trochas y carreteras durante la noche, fines de semana y en días de asueto o vacaciones, pese a que la ley forestal lo prohíbe.

Según estadísticas del Inafor, en 2020 se registró la tala legal de 14,500 metros cúbicos de madera de pino en rollo. Esta institución estima un tráfico ilegal de al menos 10,000 metros cúbicos.

Se solicitó al Inafor y al Marena información sobre los planes de manejo forestal en Nueva Segovia y Madriz, pero hasta la fecha no se ha obtenido respuesta, lo que constituye una violación a la Ley 621, Ley de acceso a la información pública.

Para el ambientalista Bayardo Sánchez, líder comunal y directivo de los Comités de Agua Potable y Saneamiento (CAPS) en el municipio de Jalapa, el despale y la contaminación de las aguas son los principales daños ambientales en el departamento de Nueva Segovia.

En el despale, hasta integrantes de los CAPS están involucrados, sostiene Sánchez. “Aquí somos culpables todos. A veces ellos mismos (integrantes de los CAPS) tienen las motosierras, despalan las fuentes de agua, dan el mal ejemplo”. Sánchez señala que han presentado las denuncias ante las autoridades ambientales, pero no pasa nada.

El ambientalista recuerda con tristeza que todavía en 1995, en la zona había más de 40,000 hectáreas de bosque. Ahora la madera ya no es sacada solo en tucas, sino también aserrada. En Jalapa han prosperado incluso los aserríos portátiles y han logrado identificar al menos once aserríos, aunque dice desconocer quiénes son sus dueños.

“Hay que ser honestos, todos los gobiernos, de cualquier lado, han explotado demasiado del medioambiente”, expresa. En uninicio, los planes de manejo fueron otorgados para aprovechar los pinares afectados por el “gorgojo”, pero eso ha sido utilizado como excusa para la tala pareja e indiscriminada de los bosques, manifiesta.

Las organizaciones ambientales parecen ser las únicas preocupadas por el despale y la consecuente sequía de las fuentes de agua. Su denuncia es persistente: “Los bosques están siendo aniquilados por el comercio de madera y el cambio de uso de suelo para el cultivo de café y tabaco, poniendo en riesgo la capacidad de producción de agua de la cuenca que abastece a las poblaciones”.

En los últimos meses la situación es más alarmante. Como no hay autoridad que atienda sus denuncias han recurrido a las redes sociales para denunciar el despale en sus comunidades. Muchas veces, lo hacen de forma anónima por el miedo a la represión.

Rosario Sáenz afirma que las autoridades nacionales “no han querido recibir las cartas, recursos legales y denuncias por el tráfico legal de madera”.

Las pruebas están a la vista, pero las autoridades locales y ambientales prefieren no verlas, sostienen defensores del medioambiente.

Sáenz recuerda que a finales de 2020 comunitarios de Los Arados, Mozonte, denunciaron en redes sociales el incremento del despale y mostraron la cantidad de árboles derribados, a solo un mes de que la zona fue azotada por los huracanes Eta y Iota. En lo que va de 2021, los reportes de despales han continuado en todos los municipios de Nueva Segovia.

El 5 de enero de 2021, las autoridades del Marena y el Inafor anunciaron como meta para este período la aprobación de 120,000 metros cúbicos de extracción de bosque natural que, a criterio de Rosario Sáenz, implicará una extracción real de cerca de 200,000 metros cúbicos o más y una enorme pérdida para el bosque natural.

A lo anterior, se suma la decisión política del gobierno de Daniel Ortega de continuar el despale en las Serranías tras emitir el decreto presidencial 02-2021, del 15 de enero, mediante el cual suspende la veda de los pinares, incluidos los que están en áreas protegidas, colocando, una vez más, a los bosques de pino en completa indefensión, dice Sáenz.

Durante años, ambientalistas de Mozonte, Dipilto, San Fernando, Jalapa y de los demás municipios de Nueva Segovia han exigido a las autoridades ambientales y locales que detengan a las empresas madereras que se amparan en “planes de manejo forestal y planes de saneamiento” para deforestar; pero siguen esperando que les apliquen todo el peso de la ley.

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2021-07-11T07:00:00.0000000Z

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